El País, 11/05/2014 Una sentencia que llegó al Supremo y al Constitucional
La condena a muerte del poeta Miguel Hernández fue injusta y su proceso estuvo plagado de irregularidades, según los familiares del escritor, que falleció en una cárcel de Alicante, en 1942 y la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante. La familia de Miguel Hernández inició en 2010 una cruzada para que un tribunal democrático anulara la sentencia por la que un consejo de guerra franquista condenó a muerte al poeta en 1940. Franco le conmutó la pena a 30 años para evitar que se convirtiera en otro Lorca, pero en 1942, como consecuencia de las duras condiciones de la prisión, falleció. Los descendientes del poeta acudieron al Supremo con el objetivo de que quedara claro que aquel 28 de marzo de 1942 murió un hombre “inocente”, en palabras de su nuera, Lucía Izquierdo.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, un año más tarde, en febrero de 2011 denegó la revisión de la sentencia del consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. El Tribunal rechazó la petición de la familia del poeta para interponer recurso extraordinario de Revisión, frente a la sentencia de fecha 18 de enero de 1940, dictada por el Consejo de guerra Permanente número 5 de Madrid contra Miguel Hernández, como autor de un delito de Adhesión a la Rebelión previsto en el artículo 238.2º del Código de Justicia Militar del año 1890.
La Sala denegó la interposición del recurso por inexistencia de los presupuestos del mismo, “según lo dispuesto en la ley de Memoria Histórica”, dado que dicha condena producida por motivos políticos e ideológicos ha sido reconocida por esta ley como radicalmente injusta, y declarada su ilegitimidad por vicios de fondo y forma, careciendo actualmente de vigencia jurídica.
Los familiares no se dieron por vencidos y acudieron al Tribunal Constitucional para plantear la nulidad de la condena a muerte del poeta en 1940. En un auto, del 26 de septiembre de 2012, el Alto Tribunal tampoco admitió a trámite el recurso de amparo presentado por la familia de Miguel Hernández en el que solicitaba la inconstitucionalidad de la resolución del Tribunal Supremo inadmitiendo la demanda de revisión de la sentencia que, en 1940 en un juicio sumarísimo y sin ningún tipo de garantías, condenó a muerte al inmortal poeta, según informó la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica.
El abogado de la familia, Carlos Candela, lamentó que el Tribunal “no examine a fondo el recurso” y se limite en unas pocas frases a “manifestar la inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable de amparo”, según dijo Candela.
El País, 18/06/2019
La Universidad de Alicante, tras la petición de un familiar, elimina de dos artículos digitales el nombre del alférez que participó en el consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández
Miguel Hernández salió de la cárcel de Sevilla inesperadamente en septiembre de 1939 y volvió a Orihuela. Fue delatado y detenido en la prisión de la plaza del Conde de Toreno en Madrid. Fue juzgado y condenado a muerte en marzo de 1940 por un Consejo de Guerra presidido por el juez Manuel Martínez Margallo en el que actuó como secretario el alférez Antonio Luis Baena Tocón. José María de Cossío y otros intelectuales amigos, entre ellos Luis Almarcha Hernández, amigo de la juventud y vicario general de la diócesis de Orihuela (posteriormente obispo de León en 1944), intercedieron por él y se le conmutó la pena de muerte por la de treinta años de cárcel. También entonces influyó mucho la gestión del propio Cossío, que acudió al secretario de la Junta Política de FET y de las JONS, Carlos Sentís, y a Rafael Sánchez Mazas, vicesecretario de la misma, pero que tenía relación con el general José Enrique Varela, Ministro del Ejército, que en carta le contestó a Sánchez Mazas a mitad de 1940: “Tengo el gusto de participarle que la pena capital que pesaba sobre Don Miguel Hernández Gilabert, por quien se interesa, ha sido conmutada por la inmediata inferior, esperando que este acto de generosidad del Caudillo, obligará al agraciado a seguir una conducta que sea rectificación del pasado”. Pasó luego a la prisión de Palencia, donde decía que no podía llorar, porque las lágrimas se congelaban por el frío; en septiembre de 1940 y en noviembre, al penal de Ocaña (Toledo). En 1941, fue trasladado al reformatorio de Adultos de Alicante, donde compartió celda con Buero Vallejo. Allí enfermó. Padeció primero bronquitis y luego tifus, que se le complicó con tuberculosis. Falleció en la enfermería de la prisión alicantina a las 5:32 de la mañana del 28 de marzo de 1942, con tan sólo 31 años de edad. Se cuenta que no pudieron cerrarle los ojos, hecho sobre el que su amigo Vicente Aleixandre compuso un poema. Fue enterrado el 30 de marzo, en el nicho número mil nueve del cementerio de Nuestra Señora del Remedio de Alicante.
Manuel Martínez Margallo
Hasta hace poco, no se conocía qué juez había condenado a Miguel Hernández a muerte, aunque después se le conmutó por 30 años de cárcel. Lo reveló Juan Antonio Ríos Carratalá, autor del libro «Nos vemos en Chicote» (Renacimiento), publicado este año (2019), en el que se cuenta cómo en el popular bar de la Gran Vía de Madrid compartían tragos los periodistas y escritores que serían procesados con quienes serían sus jueces. En este caso, está la figura de Manuel Martínez Margallo, que pasó de ser escritor de revistas humorísticas como «La Codorniz» a juez de sus compañeros de profesión. Firmaba sus relatos como Manuel Lázaro. «Y se entregó con inquina inimaginable», cuenta el biografo de Miguel Hernández, José Luis Ferris.
Wikipedia Antonio Luis Baena Tocón (1915-1998) fue un militar y funcionario español que, en los años posteriores a la guerra civil española, formó parte de diversos tribunales militares de la dictadura de Francisco Franco.
Entre 1939 y 1943, con la graduación de alférez, Baena Tocón fue destinado al Juzgado Especial de Prensa,encargado de perseguir y depurar a aquellas personas que hubiesen escrito en medios de comunicación durante la República. A las órdenes del juez instructor se encargó de investigar la Hemeroteca Municipal de Madrid, anotando los nombres de escritores y periodistas junto con comentarios sobre el carácter de los presuntos delitos que habrían cometido en sus piezas literarias.
Además, fue miembro de varios consejos de guerra relacionados con el Juzgado Especial de Prensa, destacando el instruido contra el poeta Miguel Hernández, condenado a muerte en marzo de 1940 –la pena fue posteriormente conmutada por 30 años de prisión–. Baena Tocón figuró como secretario del mismo, a pesar de no tener la titulación necesaria para ello al haber aprobado tan solo unas pocas asignaturas de Derecho.
En junio de 1966 Antonio Luis Baena Tocón fue nombrado interventor delAyuntamiento de Córdoba, puesto que desempeñó hasta su jubilación. Anteriormente había sido habilitado como viceinterventor de la Diputación Provincial. Ambas plazas, como era normal durante la dictadura, fueron otorgadas en virtud de sus méritos al servicio del régimen.
En junio de 2019 la Universidad de Alicante, a solicitud de su hijo, borró de sus archivos digitales toda referencia a la participación de Antonio Luis Baena Tocón en el juicio a Miguel Hernández. Rápidamente se generó un efecto Streisand, convirtiendo el nombre de Baena Tocón en trending topic.
